Por Bárbara Komarovsky
prensaconti1@gmail.com
Equipo de Comunicación y Prensa del CCM Haroldo Conti


Pasadas las 10, el tribunal abrió las puertas de la sala AMIA que enseguida comenzó a llenarse. Cerca de 150 personas llegaron hasta el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py para presenciar la primera audiencia del juicio por los crímenes cometidos en el ex Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como "El Vesubio".

Unos 15 minutos más tarde ingresaron los imputados, algunos esposados, dando cuenta que ya se encuentran cumpliendo condena, y otros que aún permanecen en libertad. Los imputados son Gustavo Adolfo "el francés" Cacivio (ex oficial de inteligencia del Ejército), Néstor Norberto Cendón (ex penitenciario, prófugo hasta 2010) Federico Antonio Minucucci (coronel retirado), Faustino José Svencionis (coronel retirado). El quinto imputado, Jorge Crespi, no estuvo presente por presuntos problemas de salud para viajar desde Curuzú Cuatiá (Corrientes) -donde vive- hasta Buenos Aires.

Las querellas, y en particular la fiscalía, alertaron sobre la urgencia de arbitrar los medios para lograr que el imputado pudiera llegar al menos hasta un juzgado cercano a su domicilio para seguir las audiencias por videoconferencia ya que de no participar en las primeras audiencias, existe el riesgo de que quede fuera del juicio. Hasta el momento no existen precisiones sobre lo que ocurrirá con Jorge Crespi.

El presidente del tribunal Néstor Costabel, presentó al resto de los integrantes del Tribunal Oral Federal N°4, Horacio Barberis, Eduardo Fernández y César Lemos, quien actuará como juez sustituto durante el juicio. En representación del ministerio Público Fiscal estarán Alejandro Alagia y Gabriela Sosti.

En tanto, las querellas se unificaron en tres grandes grupos. El primero, que encabeza el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), incluye los casos del escritor Haroldo Conti y el del cineasta Raymundo Gleyzer. La segunda querella la encabeza la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y reúne a organizaciones gremiales y políticas, y la tercera está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, representada por los abogados Pablo Barbuto y Gonzalo Romero.

Entre los presentes se encontraban familiares y sobrevivientes que declararon en la primera causa por "El Vesubio". Es el caso de Alejandra Naftal, liberada el 10 de noviembre de 1979 y Jorge Federico Watts, detenido en la fábrica Bagley, y liberado en mayo de 1979.

Luego de describir roles y funciones de los represores, la fiscal Sosti nombró a cada uno de los 204 hombres y mujeres que son "casos" en este juicio entre ellos Haroldo Pedro Conti, secuestrado en su departamento en la calle Fitz Roy al 1900 el 4 de mayo de 1976 y Raymundo Gleyzer, detenido ese mismo mes.

La fiscal indicó que "El Vesubio", ubicado en la intersección de la Avenida Ricchieri con el Camino de Cintura, funcionó entre abril de 1976 y noviembre de 1978 y fue destruido meses antes de la visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en septiembre de 1979. Señaló que las dos cabezas máximas fueron Pedro Duran Saenz, quien falleció un mes antes de que se conocieran las condenas en el juicio anterior (que concluyó a mediados de 2011) y Cacivio, quien se desempeñó como jefe entre enero de 1978 y noviembre de ese año.

"El Vesubio", explicó Sosti, estaba formado por tres viviendas: las casas 1, 2 y 3. En una de las casas se encontraba la jefatura, uno de los dormitorios de Duran Sáenz y había un teléfono, que era utilizado para la logística de los secuestros. Había salas de tortura, un espacio apartado para los quebrados y una enfermería para curar las heridas sufridas por las víctimas bajo tortura. El sótano –describió la fiscal- se usó como calabozo, y fue allí donde se le pidió a Héctor Oesterheld que realizara una historieta de propaganda.

Al leer los fundamentos de la acusación la fiscalía sostuvo que durante el terrorismo de Estado "las Fuerzas Armadas se estructuraron según una forma de emergencia" cuyos objetivos incluían "el aniquiliamiento del oponente" y una "colonización" de su "subjetividad". Un grupo de familiares pidió que además de la imputación por el delito de privación ilegítima de la libertad y torturas se acuse a los cinco imputados por el delito de homicidio, que prevé penas mayores.
Por otro lado, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos sostuvo la necesidad de contemplar el delito de genocidio. En ese sentido, los abogados indicaron que la Argentina adhirió, incluso antes de 1976, a pactos como la Convención contra el Genocidio (por lo que estaba vigente la ley al momento de los hechos) y explicó que "en el genocidio, los perpetradores no eligen a sus víctimas por su identidad sino por su pertenencia o afinidad al grupo humano definido como grupo a destruir".

Las audiencias por este segundo tramo del juicio por los crímenes en "El Vesubio" continuarán el próximo jueves 20 de febrero a las 9:30 hs en la Sala B de los tribunales de Comodoro Py 2002 en Retiro. Todas las audiencias son orales y públicas. Los mayores de 18 años pueden ingresar acreditándose con DNI, cédula o pasaporte.