El juicio por los crímenes cometidos en "El Vesubio" se reanudó el jueves 20 de febrero, poco después de las 10, en la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py, repleta incluso antes del comienzo del debate. La jornada comenzó con la lectura del alegato de la querella encabezada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) –que había quedado inconcluso el jueves anterior- y luego el presidente del Tribunal Oral Federal N°4, Néstor Costabel, se dirigió a los cuatro imputados presentes y les indicó que "todos tienen el derecho de prestar declaración indagatoria o negarse" a dar testimonio, pero que aunque no lo hagan, "el juicio continúa".

Uno a uno, los imputados rechazaron prestar declaración indagatoria o responder preguntas, aunque algunos se reservaron el derecho de hacerlo más adelante. Faustino José Svencionis, Federico Antonio Minicucci (ambos pertenecientes al Regimiento de Infantería III), Gustavo Adolfo Cacivio (sindicado como jefe a cargo de "El Vesubio" entre los meses de enero y noviembre de 1978) y Néstor Norberto Cendón (sindicado como guardia) se limitaron a responder datos de filiación, última actividad laboral y estado civil. Jorge Crespi todavía no es parte del juicio porque los profesionales del Cuerpo Médico Forense aún no pudieron llegar a Curuzú Cuatiá, donde vive, para informar si su estado de salud le permite ser parte del proceso.

El más provocador de los cuatro fue Cendón, al momento de consultarle por su profesión, dijo que –hasta su detención en 2010- se dedicó a la "pesca artesanal" y fue "guía de pesca en la Costa Atlántica", lo que provocó risas de todos los presentes. En su declaración ante el juez de instrucción Daniel Rafecas había dicho que todos los testimonios que receptó la CONADEP eran "armados y comprados".

Concluida la etapa de indagatorias, el abogado de la querella de la AEDD leyó el pedido que había formulado por escrito ante el TOF N° 4 para que se revoque la prisión domiciliaria de Svencionis y Minucucci, ambos de 82 años de edad, a la que adhirió el Ministerio Público Fiscal. La fiscal Gabriela Sosti recordó que el "arresto domiciliario no es una cláusula automática para los mayores de 70 años" y alertó sobre la "reiterada burla a este beneficio" por parte de los imputados en causas por delitos de lesa humanidad en distintos lugares del país.

Luego de una descripción general, la fiscal enfatizó que Svencionis "no evidencia problemas de salud que le impidan" estar en una cárcel común y sobre Minicucci aportó un dato sustancial, que el tribunal deberá evaluar. Dijo que en 1993 accedió, mediante un permiso en el RENAR, a la portación de un arma de guerra. A la hora de un reempadronamiento que exigía aquella dependencia, Minicucci lo eludió y, mediante un escrito firmado por un abogado, dijo que ese arma se había "perdido en una mudanza en 1997", un argumento que la fiscal consideró "poco serio" teniendo en cuenta que un militar debería conocer el la existencia de un período legal para denunciar el extravío de un arma.

Ante esta acusación, la defensa de Minicucci -que se mostró nervioso mientras la fiscal Sosti recordaba el episodio- minimizó el hecho y ofreció al tribunal que ordene un allanamiento en la casa del militar retirado, a 17 años de los hechos. El abogado se limitó a argumentar que tanto Svencionis como Minicuccci tuvieron un "comportamiento impoluto" y que se presentaron a la justicia cada vez que fueron citados. Insistió en que ambos debían seguir gozando del beneficio de la prisión domiciliaria por las condiciones de salud y, en tono rimbombante, afirmó que enviar a sus defendidos a "la cárcel de Marcos Paz sería la antesala de la muerte".

Por último, las defensas (oficial y privada) solicitaron a los jueces del TOF N°4 que los imputados no participen de las audiencias por estar sometidos a otros procesos (el juicio por el Plan Cóndor, entre ellos) y por cuestiones de salud. El abogado querellante Pablo Llonto se opuso a ese pedido con un argumento clave: recordó que en la audiencia de este jueves, los cuatro imputados dijeron que "quizás en alguna oportunidad iban a hablar" por lo que no pueden estar ausentes de las audiencias "porque el momento de hablar es el debate".

La pelota quedó del lado del tribunal, que debe resolver si permite la ausencia de los imputados en el juicio así como sobre la continuidad del beneficio de la prisión domiciliaria para Svencionis y Minicucci. La resolución se conocerá el próximo jueves 27 de febrero, cuando se reanuden las audiencias.