En la segunda mesa se debatió sobre el "arte y resistencia en el barrio". En forma de semicírculo, se sentaron Julieta Fernández, integrante de La casita de Kiki Lezcano, Seamos Libres - Villa 20; integrantes de M.A.F.I.A (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs); Lucas Mac Guire y María Eugenia Ludueña, integrantes de la Casa de Cultura y oficios Miguel Bru y Ramiro García, integrante de la Asociación Civil Cine en Movimiento.
"El territorio donde ocurren la mayoría de los casos de violencia institucional son villas o barrios populares. Son espacios sin lugar para las instituciones estatales excepto la Policía. Y este tipo de violencia afecta más a los jóvenes, incluso desde los 13 años, por la constancia con la que les llega", indicó Córdoba, titular de la Procuvin. A partir de distintos estudios de casos, la Procuradoría que encabeza evaluó que los adolescentes y jóvenes llegan a pasar hasta 5 horas incomunicados al ser detenidos por las fuerzas. En ese tiempo, en la mayoría de los casos son sometidos a abusos.
Córdoba detalló que en la actualidad hay más de 200 funcionarios públicos (policías) que esperan sentencia por este tipo de delitos. En ese sentido, enfatizó la necesidad de desarrollar un control externo sobre las fuerzas de seguridad, en cuyas leyes orgánicas aún permanece la indicación sobre "combatir la subversión".
"La tarea del CELS fue instalar el tema de la violencia institucional como un tema político", manifestó Paula Litvachky y exigió que se debata también sobre la reforma de la policía y de los servicios penitenciarios. Para graficar esa necesidad, señaló que en la Provincia de Buenos Aires desde 2007 a la actualidad aumentó un 14% la cantidad de presos y también creció la cantidad de muertos en hechos caratulados como "enfrentamientos".
Entre los aspectos positivos, Litvachky destacó el fallo que condenó al policía bonaerense Julio Diego Torales por las torturas que sufrió Luciano Arruga cuando estuvo detenido en septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición y la condena a cinco agentes penitenciarios por las torturas que llevaron a la muerte a Patricio Barros Cisneros, en la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Luego, Rosa Bru, la mamá de Miguel, afirmó que "no hay maldita policía sin maldita justicia" y pidió "no abandonar las calles". En esa línea, Gonzalo Bugatto, hermano de Lautaro, dijo que "en los barrios, cuando hay situación de violencia es difícil saber dónde acceder, es difícil el acceso a la justicia". "La violencia institucional también es falta de acceso a oportunidades", completó Bugatto.
Para finalizar la primera mesa, Eduardo Jozami, director del Centro Cultural, consideró un "avance" la decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, que mantuvo Cristina Fernández de Kirchner, de no reprimir las manifestaciones sociales pero señaló que aún cuesta adoptar una política de seguridad democrática. Indicó que en los últimos años ganó terreno la consigna de la "guerra contra el delito".
"La lucha por adoptar una política de seguridad democrática requiere un acuerdo político muy amplio y el Frente para la Victoria está atravesado por esta discusión", concluyó Jozami.
En la segunda mesa, que comenzó pasadas las 18, Julieta Fernández, integrante de La casita de Kiki Lezcano, Seamos Libres - Villa 20 reivindicó la justicia social. "Sabemos que la justicia es lenta pero también está la justicia social", manifestó Fernández." El gran problema de la violencia institucional es la falta de inclusión", concluyó María Eugenia Ludueña, de la Casa de Cultura y oficios Miguel Bru.