Ubicado a pocas cuadras del Congreso Nacional, este centro clandestino formó parte del circuito represivo desplegado por la Fuerza Aérea. Según los testimonios de los sobrevivientes, también operaron allí miembros de la Policía Federal y del Ejército. La propiedad disponía de tres plantas. En la planta baja había un garaje por donde ingresaban a las personas secuestradas. Le seguía un patio y, más adelante, una sala de torturas. En el entrepiso se encontraban las celdas de confinamiento.

En julio de 2003, la Asociación de Vecinos de San Cristobal contra la Impunidad, con la participación de exdetenidos, familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales, denunció el funcionamiento del centro de reclusión ilegal e inició una campaña para reclamar su expropiación y transformación en espacio para la memoria.. El espacio fue finalmente abierto al público en 2009.