El 15 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín creó por decreto la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con el fin de investigar los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en Argentina durante la última dictadura cívico militar que detentó el poder desde marzo de 1976.
Luego de nueve meses de trabajo la CONADEP, presidida por Ernesto Sábato e integrada por personalidades reconocidas de distintos ámbitos de la vida nacional, entregó al presidente el Nunca Más, informe que documentaba la existencia de cientos de centros clandestinos de detención y miles de casos de desapariciones.
En las cincuenta mil páginas del informe se documentaron los datos que la dictadura se había propuesto borrar. Entre otros, la ubicación de 340 centros clandestinos de detención distribuidos a lo largo y ancho del país y la existencia de decenas de miles de nombres de personas secuestradas que continúan desaparecidas. Con los años, esas denuncias crecieron. Los organismos de derechos humanos calculan que son 30 mil lxs desaparecidxs, una cifra aterradora.
Diversos fueron los efectos políticos, jurídicos y sociales del Nunca Más. El denominado “pacto del Nunca Más” se erigió desde ese momento como el símbolo refundacional de la incipiente democracia, implicó el rechazo a la violencia y la represión, la reafirmación de la importancia de la convivencia política y la plena vigencia de los derechos humanos y la democracia hasta nuestros días.
Pero, como todo símbolo, funciona mientras continúe su aceptación social. ¿Qué vigencia tiene hoy el Nunca Más? ¿Sigue movilizando a la sociedad como antaño? ¿Cómo renovarlo a la luz de los nuevos desafíos que nos plantea la democracia actual? ¿Se vuelve necesario recrearlo sobre otras imágenes y representaciones? La paradoja es que cuanto más débiles parecen los valores encarnados en el Nunca Más, más necesarios se vuelven.